Durante los últimos años, el anfiteatro romano de Tarragona se ha postulado como el icono de la ciudad. La postal. Con 2.000 años de historia y junto al Mediterráneo, la visión que ofrece el monumento, que forma parte del conjunto declarado patrimonio de la humanidad, es única. El anfiteatro es plató de rodajes, escenario de espectáculos y galas y uno de los más visitados de la ciudad, casi 200.000 personas al año. La decisión de cerrarlo por una cuestión de seguridad ha puesto en evidencia los problemas de gestión y la falta endémica de inversión en el mantenimiento de los monumentos. A falta de una visión estratégica, el patrimonio ha vuelto a convertirse en arma arrojadiza entre políticos. Ciudadanos ya ha recurrido a la Fiscalía.
Las críticas caen en todas direcciones. A principios de abril se detectó una grieta que obligó a cerrar parcialmente el anfiteatro y apuntalar uno de los muros levantados en las gradas, reconstruidas a finales de los años setenta. Se encargó un informe para evaluar el estado del monumento en su conjunto y, finalizada aquella intervención de urgencia, durante el verano, el anfiteatro ha sido escenario de varios espectáculos. Son los meses de máxima afluencia de turistas.
El informe sobre el estado del conservación del anfiteatro llegó al Ayuntamiento hace unas tres semanas, con unas conclusiones más que contundentes. El documento alertaba sobre el peligro de desprendimientos “por grave deterioro”. Sin embargo, el actual equipo de gobierno tardó 17 días en tomar la decisión: cerrar el anfiteatro de forma indefinida. El nuevo edil de Patrimonio, Hermán Pinedo (En Comú Podem) lo anunció en rueda de prensa: “Estamos actuando por prudencia y seguridad, porque no queremos poner en riesgo la seguridad de las personas”, dijo entonces sin haber informado a la dirección general de Patrimoni Cultural.
La que ha sido durante los últimos cinco años y hasta mayo la concejal de Patrimonio, Begoña Floria (PSC), considera que el actual equipo de gobierno ha actuado de forma irresponsable. “Cerrar el monumento en su totalidad ha generado un exceso de alarmismo y daña enormemente la imagen de la ciudad. Si como dicen es una urgencia y no una emergencia, podrían haber cerrado parcialmente el anfiteatro”, mantiene la concejal, ahora en la oposición, que pone como ejemplo la situación de “emergencia” que se produjo el pasado febrero por desprendimientos en el Teatre Tarragona, que ocho meses después, sigue cerrado.
“Lo ideal es cerrar sólo lo imprescindible, seguramente se podrían mantener las visitas hasta la primera terraza y no cobrar la entrada”, mantiene Joaquín Ruiz de Arbulo, catedrático de Arqueología Clásica de la Universitat Rovira i Virgili (URV). También algunos técnicos municipales de patrimonio han mostrado su desacuerdo con la decisión del cierre total e indefinido. Sin embargo, ayer, el portavoz del gobierno municipal, Xavier Puig (ERC), no sólo refrendó lo acordado sino que, además, extendió la prohibición de paso por las escaleras públicas laterales, que dan acceso a la escuela ubicada junto al monumento. “Es por una cuestión de prudencia”, explicó Puig quien lamentó que Ciudadanos haya acudido a la Fiscalía para que investigue si se ha producido un posible delito sobre daños o imprudencia con el patrimonio histórico. “Nos parece una actuación poco coherente porque el problema que tenemos ahora y que quieren resolver de cualquier forma viene de años atrás y de no haber apostado fuerte por la conservación del patrimonio; Ciudadanos avaló las cuentas socialistas que sólo destinaban 15.000 euros para su mantenimiento”, aseguró Puig. Según Floria, “muchas partidas destinadas al patrimonio están integradas en el apartado de mantenimiento general de la ciudad” y explica que entre el 2001 y el 2016 se ha invertido en el patrimonio histórico “39 millones de euros, que incluyen las aportaciones de todas las administraciones y los gastos del personal adscritos en esta área”. Una cifra que distaría mucho de los cien millones de inversión que supuso la celebración de los Juegos Mediterráneos, el proyecto bandera del anterior gobierno municipal.
“Tarragona debería ser la capital arqueológica romana de Catalunya. El problema, como pasa en todas partes, es que no se destina inversión para mantenimiento” afirma Ricardo Mar, doctor en Arquitectura, profesor de arqueología de la URV y asesor municipal cuando, hace casi 19 años, la Unesco declaró patrimonio de la humanidad el conjunto arqueológico de Tarraco. “La gran asignatura pendiente es la creación de un ente gestor, como el que tiene Mérida, por ejemplo, con poder ejecutivo y que integrara todas las administraciones implicadas; así se actuaría de una forma coherente y coordinada porque el Ayuntamiento de una ciudad de 120.000 habitantes no puede asumir en solitario la conservación de todo este legado”, añade.
Esta figura, que también exige la Unesco, no ha podido constituirse en Tarragona por desencuentros políticos y falta de liderazgos. “Cuando estábamos a punto de firmar, el Govern y en aquel momento el conseller Tresserres se echaron atrás; luego cambió el marco administrativo y no ha podido crearse”, explica Floria, quien reconoce que “no hay una visión transversal de proyecto de ciudad en el que todos los partidos estén de acuerdo”.
La falta de una visión a largo plazo para gestionar el patrimonio y trabajar en paralelo los tres aspectos que destacan expertos como Ruiz de Arbulo, la investigación, la conservación y la difusión, ha comportado actuaciones unilaterales y polémicas como la restauración de una parte de las gradas del circo romano, que fue denunciada por un arqueólogo y motivó la inspección por parte de Icomos (Unesco).
