Sevilla es la provincia de España que mayor número de casos judiciales tramita de expolio arqueológico. Durante los dos pasados años, la Fiscalía de Medio Ambiente Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla abrió 120 diligencias de investigación. Y entre ellas, se incoaron 14 por delitos contra el patrimonio arqueológico que acabaron en 11 sentencias. Son pocos casos respecto al total de investigaciones del Ministerio Público. Aún así, según el fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, siguen siendo «superiores» a los de cualquier otra provincia de España ya que Andalucía y, en especial Sevilla, es la zona de España donde hay más yacimientos arqueológicos, cuyo expolio preocupa a la Fiscalía. El hecho de que sea Andalucía la zona donde hay más actividad ilícita de este tipo tiene una clara explicación: la extensión territorial y que hay más afición por estas prácticas. Aunque también se descubre más porque, según el fiscal, las autoridades policiales actúan con diligencia en su lucha contra este tipo de prácticas.
No obstante, según Javier Rufino reconoce que muchos de estos robos no afloran porque se trata de un delito difícil de descubrir por la «clandestinidad» en la que los llamados «detectoristas» de restos arqueológicos se mueven. Se trata de «redes organizadas» de personas que con aparatos detectores acuden a las zonas donde pueden encontrar piezas arqueológicas y, en general, restos de gran valor.
Según el fiscal, a veces se encuentran con organizaciones dedicadas al expolio que proceden de fuera de Andalucía y que acuden a una determinada zona a intentar expoliarla. «Vienen a buscar porque en Andalucía hay muchos yacimientos», alerta el fiscal de Medio Ambiente, que está especialmente preocupado por estas actividades ilícitas y, sobre todo, por el escaso nivel de éxito que obtienen en comparación con otros delitos. «Mucha gente consigue la impunidad porque la característica del delito facilita mucho su comisión y la impunidad», advierte Rufino que también recuerda que en estos casos se encuentran con otro problema añadido, el de la prescripción. Yes que este tipo de delitos prescriben a los cinco años (hasta el año 2010 era a los tres años). Y ello provoca también que, en muchos casos, al no poder determinar cuándo se produjo esa expoliación ni la procedencia exacta, no puedan investigarlo porque ha «caducado» pese a que se trata de delitos que son castigados con penas de prisión de entre seis meses y tres años.
El modus operandi de estas actividades hace que resulte dificultoso destapar estas redes: normalmente se producen en zonas agrícolas de difícil acceso y tienen lugar de noche. Para ello, cuentan con determinados aparatos, los detectores, algunos de los cuales son tan sofisticados que incluso discriminan entre distintos tipos de metales o bien son capaces de detectar la profundidad a la que está enterrada la pieza.
Normalmente, la mecánica que emplean los expoliadores consiste en que un individuo se encarga de señalar el lugar dónde puede haber una pieza valiosa. Y luego, cuando es de noche y no hay peligro de ser observado, el cómplice acude a la zona a expoliar. A veces han detenido a algunos «in fraganti» con el pico y la azada. Así ocurrió en un caso reciente en el que descubrieron a varios expoliadores que llevaban en el coche la azada y hasta el detector. Y en esa ocasión, como casi siempre, procedían de fuera.
También hay veces en que la Guardia Civil detecta algunas piezas de dudosa procedencia en mercadillos o en otras ocasiones descubren en viviendas restos de yacimientos de los que se desconoce su procedencia. Otras veces es difícil saber desde cuando tienen en su propiedad los restos. Pero el hecho de que la mayoría de los supuestos expoliadores procedan de otras ciudades u otros países se justifica en la gran cantidad de dinero que se mueve. Y es que, según Rufino, el tráfico ilegal de obras de arte, es uno de los sectores que más dinero moviliza por detrás de la droga, la prostitución o las armas.
Por eso hay redes dedicadas a buscar esas piezas arqueológicas para luego colocarlas en el mercado negro fuera de España. «Hay personas que están dispuestas a pagar mucho dinero por esas piezas», alerta Rufino, que recuerda que hay investigaciones internacionales que han llegado a apuntar que muchas de las piezas legales que se venden en conocidas casas de subastas procedían del expolio. «Es difícil saber si eso puede ocurrir realmente», dice.
Independientemente de esas dudas que podrían servir de argumento para una película de intriga, Rufino advierte de otras consecuencias nefastas del expolio arqueológico. Cuando se produce un robo de este tipo, la cuestión no es sólo el valor de la pieza robada, sino que se remueve el citado yacimiento arqueológico y se produce una alteración de la información histórica que ese descubrimiento puede proporcionar ya que, al haber sido manipulado, el daño es «irreparable». Eso provoca que sea más difícil obtener información histórica fiable. Un problema añadido es el que la Fiscalía se encuentra a la hora de valorar las piezas robadas ya que necesita que un técnico, normalmente un perito de la Junta de Andalucía, realice esa valoración. Y a veces hay «criterios discordantes» entre unos y otros informes a la hora de valorar. Un impedimento más en la lucha contra las redes organizadas que expolian los yacimientos arqueológicos.
